El Gobierno ha impulsado hoy 22 grandes reformas estructurales, en línea con la consolidación de las cuentas públicas, entre las que destacan la sostenibilidad del sistema de pensiones y la revisión de la tributación ambiental y de impuestos especiales.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el Plan Nacional de Reformas que el dato “dramático” de paro conocido ayer “obliga a trabajar todavía más en el crecimiento económico para corregir los desequilibrios”.

“Este es precisamente el momento de no cejar con determinación y empeño en las reformas y tratar de superar los desequilibrios de la economía que ayuden a revertir esa situación”, ha dicho.

Ha recordado que desde el anterior plan nacional de reformas la economía ha vivido un entorno desfavorable, pero gracias al esfuerzo para reducir el déficit estructural y a los ajustes del 2012 el Gobierno se puede permitir ahora no pedir a los españoles “grandes esfuerzos” y no subir los grandes impuestos (IRPF e IVA), que además tratarán de suavizar “en tiempos venideros”.

De este modo, no habrá “alteraciones en los grandes ejes” de política económica que se han planteado desde el primer momento.

No obstante, ha admitido que “falta mucho” para que las mejoras macreconómicas vividas se traduzcan en economía real.

Las nuevas reformas del Gobierno incluyen el saneamiento de las cuentas públicas con medidas de consolidación fiscal, especialmente en el ámbito de la seguridad social.

Para ello se comprometen a crear lo antes posible la autoridad independiente de responsabilidad fiscal para que pueda llevar a cabo sus tareas de cara al próximo año.

También se aprobará cuanto antes la ley de transparencia y acceso a la información publica y buen gobierno, así como el plan de lucha contra la morosidad en las administraciones públicas.

Se revisará la tributación con arreglo a criterios de convergencia europea en el ámbito de la fiscalidad medioambiental y los impuestos especiales, fundamentalmente.

El compromiso con la regulación del factor de sostenibilidad para garantizar el futuro de las pensiones, ha llevado a constituir una comisión que dará los criterios, ha recordado Sáenz de Santamaría.

También se abordará la ley de desindexación de la economía española, en línea con el acuerdo con agentes económicos y sociales.

Se estableció un pacto de rentas, sobre el que se analizará la actualización conforme a un índice diferente del IPC de las rentas públicas, y que afectará especialmente a los contratos administrativos.

También se dará un impulso definitivo a la reforma de las administraciones públicas con dos elementos clave: la aprobación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que servirá para ahorrar hasta 2015 casi 8.000 millones de euros y el informe de la reforma de las administraciones públicas antes del 30 de junio de 2013.

A partir de ahí se pondrán en marcha de inmediato algunas de sus medidas, fundamentalmente en el ámbito de la administración electrónica y simplificación de procedimientos.

Se aprobará además un plan anual de política de empleo y estrategia plurianual de activación para el empleo, que pasa por la evaluación de los efectos de la reforma laboral.

La ley de apoyo al emprendedor y a la internacionalización incluirá ayudas fiscales, como el régimen especial en el IVA, la reducción por inversión de beneficios, o la deducción por actividades de I+D.

También habrá nuevas medidas de impulso al mercado de renta fija, programas de reducción de cargas administrativas, y la regulación de la segunda oportunidad, así como medidas para impulsar la internacionalización de los emprendedores como la agilización de visados y autorizaciones de residencia para emprendedores extranjeros.

Además se aprobará por tramite de urgencia la ley de garantía de la unidad de mercado, tras identificar más de 50.000 normas que es necesario rearticular.

La ley de colegios y servicios profesionales buscará la simplificación y la apertura de actividades en nuestro país, mientras que se aprobará un código de buen gobierno corporativo para las empresas públicas españolas.

Fuente: Portal Efe.com